Jue. Feb 22nd, 2024

Caso Bravo: el STJ dispuso una instrucción sumaria a la directora del IMCIF por su intervención en la segunda autopsia

El Superior Tribunal de Justicia dispuso establecer una instrucción sumaria  a la directora del Instituto de Medicina y Ciencias Forenses (IMCIF) por su intervención en el Caso Bravo.

Esto se dio posterior a que el abogado defensor de dos de los cuatro policías detenidos por la muerte de Leandro Bravo en la localidad de Charata solicitara a la fiscal interviniente que «corra vista» al Área de Sumarios del Superior Tribunal de Justicia ante la supuesta mala praxis  llevada a cabo por la directora general del IMCIF, Gabriela Susana Lamparelli junto a la doctora Virginia Creimer, quien fuera el perito por parte de la familia Bravo.

En ese marco, el STJ dispuso una «instrucción sumaria a fin de acreditar la verosimilitud del hecho denunciado por el doctor Colladoy determinar si se configuró alguna irregularidad de carácter administrativo, en su caso, si reviste gravedad suficiente para ordenar un sumario administrativo conforme a lo establecido en el artículo 24 del Reglamento de Procedimientos Disciplinarios – Resolución N°615/21 del Superior Tribunal de Justicia, la que estará a cargo de la Directora de Sumarios, Marisa Silvia Ruiz».

Caber recordar que Cesar Collado, quien es el abogado defensor de dos de los cuatro policías implicados en el caso, solicitó a la fiscal interviniente que «corra vista al Área de Sumarios del Superior Tribunal de Justicia ante la supuesta mala praxis llevada a cabo por la directora general del IMCIF, Gabriela Susana Lamparelli junto a la doctora Virginia Creimer, quien fuera el perito por parte de la familia Bravo a fin de establecer responsabilidad o no que le pudiera cabe ante el ‘aberrante error’, ya sea por acción u omisión, en la segunda autopsia practicada en el cuerpo de quien en vida fuera Leandro Bravo».

En ese contexto, Collado manifestó que «dicho error fue advertido por los doctores Jorge Villaverde y Anastasio Valenzuela (peritos de parte) al formular los informes preliminares, en los que detallaron que las doctoras Lamparelli y Creimer procedieron a extraer una sección del bazo y lo rotularon como riñón izquierdo, cuando la evidencia y mayor prueba irrefutable son las fotografías de la primer autopsia realizada el 26 de febrero de 2022-CD, secuestro N°51563, fotos N°70712 (riñón purulento) y N°70713 (riñón al corte presenta pus), siendo que ambas fotografías corresponden al riñón izquierdo, extraído en la morgue de Charata, demostrado una total impericia, negligencia y desidia de las profesionales en cuestión que convierte e invalida todo el acto de la segunda autopsia en falaz, mendaz y malicioso».

Asimismo, el abogado defensor en su escrito requirió a la fiscal que «proceda a instar la persecución penal de la cuestiones profesionales por el delito que diere lugar en atención a lo prescripto en las leyes complementarias del Código Penal Argentino en cuanto al ejercicio y buena práctica de la medicina, al considerar  que este acto reprochable penalmente, vicia el contenido total de la segunda autopsia».

EL CASO

El pasado 26 de febrero, Leandro Bravo murió en Charata luego de que lo detengan a la fuerza por oponer resistencia, según informó la policía. También indicaron oficialmente que la detención se produjo por entrar a robar a la casa de una vecina y que el joven se descompensó en Medicina Legal.

Por su parte, desde el Comité de Prevención Contra la Tortura afirman que Bravo, que tenía 37 años al momento de su muerte, fue aprehendido «sin ofrecer resistencia» y «recibió una golpiza en el suelo por parte de tres policías. Llegó al hospital sin vida, con lesiones en la cara, hombros, marcas en las muñecas y lesiones en las piernas».

Por el hecho están detenidos cuatro funcionarios policiales.

 

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